Plan de ajustes de Javier Milei endurece la politica de seguridad para el control de protestas callejeras en Argentina
Buenos Aires — El gobierno del ultraliberal, Javier Milei, anuncio el jueves un endurecimiento de la politica de seguridad para el control de protestas callejeras en Argentina, en la misma semana en la que implemento un plan economico de fuertes ajustes que ha generado el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales.
“Las cuatro fuerzas federales, mas el servicio penitenciario federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales” de calles, carreteras y puentes bajo jurisdiccion federal, adelanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa.
“Toda persona que este en la vereda no va a tener problemas”, señalo la ministra, al aclarar que el derecho a la protesta consagrado en la Constitucion esta garantizado.
Segun el nuevo protocolo de orden publico, los cuerpos de seguridad federales emplearan “la minima fuerza necesaria y suficiente y sera graduada en proporcion a la resistencia” hasta que la via publica quede liberada.
Tambien contempla la prohibicion de protestar con el rostro tapado que impida la identificacion del manifestante y la portacion de palos. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”, remarco Bullrich.
Buenos Aires es epicentro casi a diario de numerosas protestas, especialmente en el centro de la ciudad, que generan caos vehicular y malestar de sus residentes.
La presentacion de Bullrich ocurre dos dias despues de que el gobierno anunciara un severo plan de ajuste economico para bajar el deficit fiscal que, entre otros puntos, incluye la devaluacion del peso argentino mas del 50%, el despido de empleados publicos, la reduccion de subsidios al transporte y la energia y la suspension de la obra publica, que tendran un fuerte impacto social.
Al poco de asumir Milei, organizaciones de desempleados convocaron a una movilizacion para el proximo 20 de diciembre, cuando se cumple un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que dejo decenas de muertos.
A su vez, la principal central sindical advirtio la vispera que no se quedara “de brazos cruzados” si el plan de Milei afecta los salarios y las jubilaciones.
El nuevo plan de seguridad plantea, ademas, sanciones —no se detallo cuales— para los manifestantes que vayan acompañados por menores de edad.
“No queremos que se usen a los chicos como escudos”, advirtio Bullrich, quien fue candidata a la presidencia por la coalicion de centro-derecha Juntos por el Cambio y luego apoyo a Milei en el balotaje que lo consagro presidente el 19 de noviembre. “Se va a pedir a las madres que no lleven mas a los chicos a las manifestaciones. Va a haber consecuencias”.
La ministra de Seguridad sugirio que los extranjeros con residencia provisoria que participen de protestas callejeras corren riesgo de deportacion al adelantar que se notificara a Migraciones si son detenidos.
En uno de los puntos mas controvertidos del nuevo protocolo, Bullrich informo que los costos vinculados al operativo de seguridad deberan correr por cuenta de “organizaciones y/o individuos responsables” de toda manifestacion que impida la libre circulacion.
La funcionaria indico que las medidas se basan en un articulo del Codigo Penal que pena con prision de tres meses a dos años a quien “sin crear una situacion de peligro comun, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios publicos de comunicacion, de provision de agua, de electricidad o de sustancias energeticas”.
Los cuestionamientos al anuncio no tardaron en llegar.
“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la policia, ni la justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de Asociacion de Trabajadores del Estado. “Esta medida esta orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.
El sindicalista indico que el ejercicio del derecho constitucional de huelga esta amparado por tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional.
En tanto que el diputado por la izquierda y ex candidato a la presidencia, Nicolas del Caño, expreso que “Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado” y planteo que lo que se pretende es “amedrentar” a quienes se manifiesten contra “la politica criminal que generara mas hambre y perdida de puestos de trabajo”. Y proclamo: “¡Vamos a ejercer el legitimo derecho a la protesta!”.